Caso Boudou: Allanan el departamento del VicePresidente de Cristina Fernandez

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En el marco de la causa en la que se investiga a Amado Boudou por tráfico de influencias, la Justicia ordenó el allanamiento de un departamento que el ex ministro de Economía posee en Puerto Madero. La orden fue del juez federal Daniel Rafecas, a pedido del fiscal Carlos Rívolo.

 

Cuando comenzó el operativo, del que participaron efectivos de Gendarmería, Boudou se encontraba en un acto oficial con la Presidenta en Bariloche.

 

El inmueble, ubicado en Juana Manso 740, Boudou se lo alquiló a Fabián Carosso Donatiello, socio de Alejandro Vandenbroele, titular de la ex Ciccone.

 

La causa se disparó cuando la ex mujer de Vandenbroele, en medio de una separación, acusó a su marido de ser testaferro de Amado Boudou. La Justicia investiga un posible tráfico de influencias del ex ministro de Economía a favor de la ex Ciccone, controlada por Vandenbroele. En declaraciones públicas, Boudou había negado conocerlo. Con este allanamiento en apariencia la Justicia busca pruebas para saber si ese vínculo existió o no.

 

Puntualmente, la Justicia investiga si, siendo todavía ministro de Economía, Amado Boudou intercedió para favorecer a la ex Ciccone tanto en el marco del levantamiento de la quiebra como en el posterior otorgamiento de contratos del Estado.

 

Respecto a la quiebra, el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, complicó con sus declaraciones a Boudou. Es que reconoció que el organismo recaudador y el Ministerio de Economía tuvieron decisión en el plan de facilidades de pago con el que se benefició a la empresa que, tras levantarse la quiebra, quedó al mando de Alejandro Vandenbroele. Vandenbroele es socio ocasional de José María Núñez Carmona, a quien, a la vez, Boudou reconoció como un amigo y socio de larga relación.

 

Aunque sostuvo que todavía no hay nada que lo vincule con Alejandro Vandenbroele, para el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, “está claro” que el vicepresidente “hizo gestiones como ministro para favorecer la entrada” en Ciccone del fondo de inversión The Old Fund, presidido por Alejandro Vandenbroele.

 

Según el juez Rafecas, las “gestiones de Boudou” a favor de Ciccone “pueden explicarse por tres razones”. El primero de esos motivos, según el magistrado, es por cuestiones estratégicas: "la fabricación de papel moneda es fundamental y entonces había que salvar la empresa, las fuentes de trabajo”.

 

“La segunda hipótesis es esto de la guerra comercial con la empresa Boldt, y que hubo una decisión política de correr a Boldt y poner otra empresa en su lugar y salvar la empresa”, continuó Rafecas.

 

“Y la tercera hipótesis es la que trabaja la Fiscalía y que es también perfectamente sospechable, y es que Boudou habría hecho toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigos de la infancia y qué sé yo”, expresó el juez.

 

Asimismo, el juez advirtió que hay un "lazo" entre el vicepresidente y Vandenbroele, que "es el departamento que Boudou le alquila a (Fabián Carosso) Donatiello, amigo de Vandenbroele" y deudor del ex jefe del Palacio de Hacienda según la declaración jurada del 2010 del vicepresidente, presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

 

Clarin

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El juez en lo Comercial Javier Cosentino pidió la semana pasada informes para conocer el estado actual de la ex empresa Ciccone Calcográfica, hoy manejada por un fondo de inversión, llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS) y presuntamente ligada al vicepresidente Amado Boudou.

 

El juez quiere saber si la firma mantiene sus bienes, si paga los aportes previsionales y si abona a sus acreedores como se comprometió al levantar su quiebra, hace un año y medio, entre otras cuestiones, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

 

El pedido de informes fue formulado a la sindicatura del concurso, que técnicamente es la que se encarga de controlar el cumplimiento de los acuerdos entre la firma que fue a la quiebra y sus acreedores.

 

La solicitud del magistrado fue firmada el 27 de marzo, es decir dos días antes que el directorio del Banco Central aprobara la contratación de la ex Ciccone para la impresión de papel moneda pese a la investigación judicial abierta por presuntos delitos en su salvataje.

 

Concretamente, el juez quiere saber, según consta en el expediente judicial tramitado en la Justicia en lo Comercial: Si todos los bienes que componen el activo de la deudora (Ciccone) subsisten en las mismas condiciones físicas y jurídicas que tenían cuando (ella) promovió su concurso.

 

Si cumple sus obligaciones de índole previsional y cómo.

 

Cómo atiende sus débitos fiscales.

 

Si cobra regularmente sus créditos pendientes.

 

Si procede al cumplimiento oportuno del concordato prometido en forma regular con la totalidad de los acreedores y cómo.

 

De qué forma atiende todas y cada una de las obligaciones correspondientes a créditos del concurso.

 

Además, el juez Cosentino instruyó a la sindicatura para que le comunique “cualquier acto que considere de importancia para los intereses del concurso” y le recordó su rol de “contralor respecto al régimen de administración y de limitaciones de actos de disposición de bienes o activos sin la previa autorización judicial”.

 

Dos de las inquietudes del juez -para las que dio diez días de plazo a la sindicatura- en principio tendrían respuestas negativas.

 

El abogado Ricardo Monner Sans denunció la semana pasada que Ciccone -aún figura con ese nombre en la ANSeS, según dijo- adeuda aportes previsionales y la propia empresa se atrasó en el pago de dos cuotas en el plan de facilidades que le dio la AFIP al aceptar el levantamiento de su quiebra.

 

Si los nuevos dueños de Ciccone se atrasan en seis pagos de las cuotas comprometidas el acreedor damnificado está técnicamente en condiciones de pedir nuevamente la declaración de quiebra de la firma. Claro que entre medio, se supo que el Banco Central le otorgará finalmente participación en la impresión de moneda. Además se supo de otro negocio en marcha: la confección de chapas-patentes para automóviles.

 

El expediente de la Justicia Comercial tramita de manera independiente a la denuncia penal en la que el fiscal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas analizan si hubo delito en la operatoria del levantamiento de la quiebra.

 

El fin de semana, Rafecas sorprendió con declaraciones sobre la causa publicadas por el diario Perfil. Dijo que si bien “está claro” que el vicepresidente Amado Boudou “hizo gestiones como ministro (de Economía) para favorecer la entrada” del fondo de inversión The Old Fund en Ciccone, “no hay pruebas” de un vínculo suyo con Alejandro Vandenbroele.

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El vice Amado Boudou negó hasta ahora tener vinculaciones con Alejandro Vandenbroele, el monotributista que aparece señalado como dueño de la ex Ciccone y su presunto testaferro. Sin embargo, la documentación hallada esta tarde en un allanamiento por el juez Rafecas podría desmentirlo: según los elementos encontrados, el director de la ex Ciccone pagó las expensas correspondientes a agosto de 2011 de un departamento que Boudou posee en Puerto Madero y que se encuentra alquilado a Fabián Carosso Donatiello, un amigo del vice.

 

La documentación fue hallada durante un operativo realizado por Rafecas en la administradora del edificio de Juana Manso 740, donde Boudou posee un departamento en el piso 25. El vice no reside en esa propiedad: se la alquila a un amigo, Fabián Carosso Donatiello, quien a su vez admitió mantener vinculaciones con Vandenbroele. De acuerdo a los papeles encontrados en ese procedimiento, el titular de la ex Ciccone pagó en una sucursal del Banco Santander Río las expensas del departamento correspondientes a agosto de 2011.

 

 

Rafecas dispuso esta tarde dos allanamientos: uno fue efectuado en el departamento propiedad de Boudou en el piso 25 del edificio de Juana Manso 740. Según precisaron fuentes judiciales, ese inmueble se encuentra desocupado desde hace dos meses y sólo se secuestraron tres teléfonos inalámbricos. El otro, que dio paso al hallazgo, se realizó en la compañía que administra el consorcio de esa torre.

 

El magistrado investiga si Boudou efectuó negociaciones incompatibles con la función pública durante el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, que pasó a ser controlada por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele, quien fue señalado por su ex esposa como testaferro del vicepresidente.

 

Precisamente, la justicia busca determinar si Boudou utilizó sus influencias en 2010, cuando era ministro de Economía, para favorecer a la imprenta, cuya sede también fue allanada el mes pasado por orden del juez.