El_Tano

Hiroshi Yamauchi, el que fue presidente de Nintendo entre 1949 y 2002, murió de neumonía en un hospital a los 85 años. Los diarios japoneses publicaron hoy la noticia sobreel fallecimiento del hombre al que le atribuyen la creación de la industria del videojuego. Yamauchi reconvirtió a Nintendo, una empresa centenaria de Kioto que en los años 80 fabricaba naipes, en una de las primeras industrias del videojuego. En 1983, lanzó en Japón la primera consola de juego de salón, el Famicom (NES en el extranjero); puso en venta la consola de videojuegos de bolsillo Game Boy y mandó a desarrollar juegos tan famosos como el Super Mario Bros, La Leyenda de Zelda y Donkey Kong al fabuloso Shigeri Miyamoto. Durante la presidencia de Yamauchi, Miyamoto también diseñó la primera consola de videojuegos de doble pantalla y desarrolló varios programas revolucionarios en el área de la educación que le valieron el año pasado el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Yamauchi era uno de los hombres más ricos de Japón y el segundo accionista de Nintendo. Abandonó la presidencia en 2002 para ocupar un cargo en el consejo de administración. En 2005 dejó también ese puesto. Tras su marcha, Nintendo desarrolló la Wii. Pese a la nueva consola tuvo un comienzo muy exitoso, las ventas comenzaron a mermar en 2012.

El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo volvió a apuntarles a los dirigentes gremiales por la medida de parar el servicio de trenes y aseguró que lo hicieron por el pedido que un fiscal hizo ayer para procesar al motorman de la tragedia en Castelar. "Están muy alejados de la gente, pero no me quieran extorsionar. Hay una decisión de este Gobierno que es mejorar el servicio a mi no me van a correr los dirigentes sindicales. Esto tiene una connotación política porque se hace después de la decisión de imputar al motorman por el accidente en Castelar. (Omar, jefe de La Fraternidad) Maturano no tiene autoridad moral para hablar", se enojó Randazzo, que está en Nueva York, justamente visitando la planta donde se están confeccionando los nuevos trenes. "Conmigo no van a joder, son una corporación, es una barbaridad lo que hacen, toman de rehén a la gente", insistió el ministro en diálogo con radio La Red. Consultado sobre las duras palabras de Maturano, quien afirmó que un maquinista puede tomar cocaína y, debido a los pocos controles, ir a trabajar al otro día, Randazzo se indignó: "Es una barbaridad Lo que está diciendo no tiene sentido. La resolución de los controles lo puse en marcha yo. Se controla alcohol en sangre, se hace el test de consumo de droga. Lo que dice es de una caradurez nunca vista" Pensando en el futuro, el ministro reveló que si el conflicto sigue no tiene problemas en cancelar su viaje y volver al país, como se lo pidió la presidenta esta mañana. "Vamos a redoblar la apuesta. Esta corporación sólo toma a los hijos de los que trabajan ahí. Vamos a seguir con los controles. ¿Si siguen parando? Yo prefiero volverme. Como me dijo la presidenta, 'si este conflicto sigue, movete Flaco'. Si no puedo contra estas corporaciones (maquinistas) estoy dispuesto a dejar mi cargo, pero no me van a vencer", advirtió. Uno de los grandes cortocircuitos con los maquinistas fue la instalación de cámaras de seguridad. En este sentido Randazzo avisó que no piensa dar el brazo a torcer: "No voy a sacar ni una solo cámara, no voy a hacer nada que pueda afectar a los usuarios. Algunos motorman cobran 50 mil pesos, me tienen harto. Tienen podrido a la gente y me tienen podrido a mí. Joden a la gente. Hemos comprado más de mil coches y estamos haciendo obras. Es increíble la actitud de este tipo, pero yo confío en que la mayoría de los motorman no piensan como él". clarin.com

Para la Oficina Anticorrupción existieron sobornos de parte del Ejecutivo de la Alianza en 2000, para que la Cámara de Senadores aprobara la ley de reforma laboral. Y en consecuencia pedirá condenas para el ex presidente Fernando De la Rúa y los demás acusados. Así lo adelantó el organismo, que es parte querellante del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 3, al comienzo de los alegatos del proceso que ya lleva tres meses. La causa conocida como "las coimas en el Senado" investiga si el presidente De la Rúa envío dinero a algunos senadores, para la aprobación del proyecto. El hecho se volvió un escándalo, que provocó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y precipitó la crisis en el Gobierno y el estallido social de 2001, que concluyó la gestión aliancista. La OA hizo un repasó por las declaraciones del supuesto arrepentido Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario, que destapó el hecho durante una entrevista en febrero de 2004. Además del ex presidente y Pontaquarto, están siendo juzgados el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, por el delito de "cohecho" en su modalidad activa, debido a que son los supuestos responsables de haber pagado coimas. Mientras que los ex senadores peronistas Tell, Remo Constanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branca son acusados por el delito de "cohecho" de forma pasiva, por haber recibido supuestamente los pagos. Fuente: DyN

Microsoft sacudió hoy el mercado con el anuncio de la compra del negocio de telefonía móvil de la compañía finlandesa Nokia, por el que pagará 5.440 millones de euros, unos 7.160 millones de dólares. Así, el gigante tecnológico estadounidense se metió de lleno en el jugoso pero complejo mercado de la telefonía móvil con la compra de la división de Dispositivos y Servicios de Nokia, su principal aliado en el desarrollo del ecosistema móvil Windows Phone. El acuerdo entre ambas compañías anunciado hoy contempla la venta por parte de Nokia de todos sus activos relacionados con el diseño y fabricación de móviles básicos y terminales inteligentes por 3.790 millones de euros, incluidas las fábricas, los centros de investigación y desarrollo y el traspaso de unos 32.000 empleados. Por su parte, la empresa conservará su cartera de patentes, aunque otorgará a Microsoft una licencia no exclusiva para la utilización de las mismas durante 10 años, por la que la empresa estadounidense pagará 1.650 millones de euros, con la posibilidad de extender el acuerdo "indefinidamente". El todavía consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, quien ya anunció que abandonará la compañía en los próximos meses, aseguró que el potencial de Windows Phone y la capacidad de Nokia permitirán lanzar al mercado móviles atractivos. Así, Microsoft realiza una arriesgada apuesta por la telefonía móvil en una industria claramente dominada por los fabricantes de dispositivos Android, especialmente la surcoreana Samsung, y por Apple con su popular iPhone. Esta adquisición también le permitiría a Microsoft reemplazar a Ballmer con Stephen Elop, el CEO de Nokia, un antiguo directivo del gigante estadounidense, que ya se baraja como claro sucesor de Ballmer. "Windows Phone ha crecido más del 78 % en el último año y se ha establecido claramente como la tercera plataforma móvil del mercado, mientras que las ventas de 'smartphones' de Nokia con Windows Phone han pasado de cero hace dos años a 7,4 millones de unidades en el último trimestre", afirmó Ballmer a la prensa en Helsinki. Microsoft sigue así la senda de su gran rival internet Google que ya ha invertido en el "hardware", al comprar al fabricante estadounidense de teléfonos Motorola. Las acciones de la multinacional finlandesa subieron más del 40 % pocos minutos después de la apertura de la Bolsa de Helsinki, tras el anuncio de la venta. Sin embargo, a largo plazo el acuerdo podría reducir a la mitad la facturación de Nokia. La empresa finlandesa se quiere centrar en el futuro sobre todo en el negocio de redes informáticas e impulsar el servicio de mapas bajo la marca Here. Nokia asumió hace poco el control total del proveedor de infraestructuras de redes NSN, que manejaba antes con Siemens. Una vez que la operación sea aprobada por los accionistas y por las autoridades de la competencia, previsiblemente a principios de 2014, Nokia tendrá tres unidades independientes entre sí. Nokia Solutions and Networks (NSN) se dedicará a la fabricación y mantenimiento de redes de telefonía móvil, mientras que HERE comercializará mapas y servicios de localización y la división de Tecnologías Avanzadas gestionará la cartera de patentes de Nokia, con la que la empresa ingresa 500 millones de euros anuales. Nokia nació hace 150 años y lideró el mercado de los teléfonos móviles durante 14 años, hasta ser derrocada por Samsung en 2012 como la marca más vendida del mundo. Desde entonces, las ventas de móviles de baja gama de Nokia iniciaron un inexorable declive. Para Finlandia, la compañía tiene una importancia muy especial, ya que se trata de la mayor empresa del país. Por su lado, Microsoft, la mayor empresa de software del planeta, fundada en 1975, también enfrenta dificultades. No logró adaptarse al mercado de las plataformas móviles, y le cuesta recuperar su retraso. Su tableta electrónica Surface no encontró su público y el grupo resolvió recientemente bajarla de precio, lo cual le representó fuertes costes por depreciación. Asimismo, la firma acusa el golpe de la baja de ventas de computadores personales PC que impactó a su sistema operativo, Windows. Para algunos analistas la empresa necesita efectuar cambios para adaptarse al nuevo entorno. En este contexto, su director general Steve Ballmer anunció el pasado 23 de agosto que "dejará sus funciones" en los próximos 12 meses. El consejo de administración nombró un comité especial encargado de buscar al nuevo director. En ese grupo figura el presidente del directorio y confundador de Microsoft, Bill Gates. Fuente: Agencias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó esta tarde a la oposición de querer dar un "golpe eléctrico", tras un gigantesco apagón que dejó sin energía a 19 de los 23 estados del país, incluida la capital, Caracas. "A esta hora todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de Golpe Eléctrico contra el país. Alerta y Activos los Venceremos", indicó Maduro a través de la red social Twitter. "Es evidente que detrás está la mano de quienes quieren debilitar nuestra Patria", agregó. "Pido todo el apoyo de los trabajadores eléctricos y del pueblo para ir a una nueva etapa en la lucha por vacunar el sistema de Sabotajes..." (sic), completó el jefe de Estado, al asegurar que en momentos en que Venezuela ha estabilizado el servicio eléctrico y va "inaugurando nuevas obras, dan este golpe para volver a desestabilizar". El corte, de alrededor de tres horas, afectó la actividad en escuelas, oficinas, organismos estatales y el transporte público. Al respecto, el viceministro de Electricidad y director de la compañía eléctrica estatal, Corpoelec, Franco Silva, indicó al canal estatal VTV que la falla se produjo alrededor de las 12.30 hora local (las 14 de la Argentina) "en una línea de transmisión de las principales troncales del sistema eléctrico nacional". El desperfecto afectó a gran parte del país durante alrededor de tres horas hasta que paulatinamente el flujo se fue normalizando. Miles de personas tuvieron que salir de sus oficinas y regresar a casa caminando en la zona este de la capital, debido a la interrupción del subte. Maduro denunció en los últimos meses supuestos planes de sabotaje contra el sistema eléctrico venezolano por parte de sectores de la oposición, y ha ido tomando varias decisiones para aumentar la protección de la red eléctrica con miembros de la Fuerza Armada y de diferentes colectivos de trabajadores. Venezuela sufre crónicos cortes de luz que afectan fundamentalmente a los estados del interior del país y de los que generalmente se salva Caracas. Diferentes responsables del Gobierno han reconocido que los problemas en el sistema eléctrico están asociados al alto consumo promedio de los venezolanos, la falta de mantenimiento en algunas líneas de distribución y el insuficiente suministro en horas punta, entre otras razones. clarin.com

La liberación anticipada de uruguayos presos en Argentina "genera un problema de seguridad" en Uruguay, aseguró el martes el ministro del Interior uruguayo Eduardo Bonomi. "Hace más de dos años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina que con un tercio de la pena (cumplida) los suelta y los devuelve a Uruguay", dijo el ministro a periodistas. Bonomi ejemplificó que a un delincuente que murió durante un violento asalto a un local del Correo el mes pasado "le decían 'El Porteño' porque había estado detenido en Argentina y después de salir de ahí vino a delinquir a Uruguay". "Creo que no es la única situación y genera un problema", afirmó el jerarca, indicando que "tiene que ver con la legislación interna argentina". Las declaraciones del jerarca ocurrieron pocos días después de la llegada al país de un uruguayo condenado en Argentina por participar del "robo del siglo", a una sucursal del banco Santander Río en 2006, y expulsado el pasado viernes. El regreso de Luis Mario Vitette acaparó la atención el lunes en Montevideo, donde no dudó en bromear por las redes sociales y lanzó que va a "ser ladrón siempre". Fuente: AFP

El Gobierno publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que dispone la reestatización de las operaciones de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur. Así, el Estado pasa a tener el control absoluto de esas líneas, que hasta hoy manejadaba junto con empresarios privados. La medida tiene un inocultable tono electoral, ya que se concreta a sólo dos días de una marcha a Plaza de Mayo que protestará contra la política ferroviaria. La movilización fue convocada por los gremios para este viernes y contará con la participación del sindicalismo opositor y varias entidades civiles, entre ellas los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Metrovías y Ferrovías manejaban hasta hoy las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur a través de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), pero el Estado es el responsable de pagar los salarios y las obras; en los hechos, la UGOFE, contratada por Ricardo Jaime, debía operar y mantener los trenes por "cuenta y orden" del Estado, cobraba un honorario por gerenciamiento y licitaba y certificaba las obras indicadas por el Estado. La UGOFE había sido constituida en 2005 para hacerse cargo del San Martín (realiza el recorrido Retiro-Pilar) y dos años después se había hecho cargo de las otras dos líneas. Ahora, el Estado volverá a manejar esos tres ramales, que en junio vendieron 13,6 millones de pasajes, a través de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). La Resolución 848/2013 argumenta que la medida servirá para "profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario". En sus artículos le asigna a la SOFSE "la prestación de los servicios" de las líneas Roca, San Martíon y Belgrano Sur y establece que, de las obras que ya están en marcha, algunas seguirán en manos de la UGOFE y de otras pasará a hacerse cargo la Administración de Infraestricturas Ferroviarias Sociedad del Estado. clarin.com

La aerolínea Lan Argentina fue intimada anoche por el Gobierno a abandonar en 10 días el hangar que ocupa en el Aeroparque Jorge Newbery y, consecuentemente, a dejar de operar en el aeropuerto porteño, según confirmó hoy la compañía. La empresa ya anunció que buscará evitar el desalojo en la Justicia y advirtió que si le impiden usar la aeroestación metropolitana no podrá seguir volando a los 14 destinos de cabotaje que tiene en el país. La intimación se basa en una resolución reciente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) del 13 de agosto que, a su vez, se sustenta en otra resolución, de noviembre del año pasado, del mismo organismo. La norma rubricada el año pasado disponía que Aeropuertos Argentina 2000 debía ceder desde el 1 de agosto las instalaciones que sirven de guarda y mantenimiento de aeronaves de menor porte para uso exclusivo del Estado, las líneas que operan vuelos regulares (como Aerolíneas) y las empresas que ofrecen servicios de rampa (como Intercargo). Según la interpretación de LAN, eso no la incluía, ya que no opera aeronaves de menor porte (hasta 30 plazas), como los taxis aéreos, y la compañía sí realiza vuelos regulares. La empresa, además, resalta que tiene un contrato para operar el hangar y la base de mantenimiento para su flota de aviones en Aeroparque hasta el año 2023, luego de que en 2008 firmara un acuerdo propiciado por el propio Néstor Kirchner con Aeropuertos Argentina 2000 para instalarse en la plataforma sur del aeropuerto porteño. En el hangar se realizan las tareas de mantenimiento de los 10 aviones que vuelan en el país; según la compañía, la operación doméstica argentina ocupa a 1.500 personas del total de 3.000 que trabajan en la empresa. "Recurriremos a la Justicia para hacer valer nuestros derechos, tenemos un contrato firmado por el hangar y nuestra base de mantenimiento hasta el año 2023 con una inversión de 5.000.000 de dólares y un canón mensual de 20.000", anunció esta mañana el director de Asuntos Corporativos de LAN Argentina, Agustín Agraz. El ejecutivo aseguró además que "la operación de LAN Argentina es inviable sin el hangar" y sostuvo que, si no hay marcha atrás, la empresa va a verse obligada a "dejar de volar a los 14 destinos" que tiene en la Argentina. Cuando a principios de agosto venció el plazo de la resolución original de la ORSNA, había trascendido que el organismo había pactado con las empresas de taxis aéreos (entre ellas, MacAir, del grupo Macri; Royal Class, de Pablo Yabrán; Bayres Fly, de Luis Grande; Autonomy, de Cristóbal López; Tango Jet, de Andy Deutsch, ex dueño de LAPA; Aerovip, de Carlos Ávila; Milenium, que le alquiló aviones a Presidencia, y SAS, de Eduardo Eurnekian) que podrían seguir operando en el aeropuerto metropolitano hasta diciembre para después mudarse a San Fernando. Ya entonces se rumoreaba sobre la posible intimación a Lan y la empresa habló abiertamente de su intención de dialogar con el Gobierno. "Lamentablemente, en los últimos meses ningún funcionario del gobierno responsable por la política de transporte aeroportuaria de la Argentina ha atendido nuestros llamados, la única persona que siempre atendió nuestras inquietudes fue la Presidenta, que nos alentó a invertir en el país y generar puesto de trabajo", apuntó Agraz. Según la edición digital del diario El Mercurio, la noticia obligó anoche al gerente general de la empresa, Ignacio Cueto, a regresar a Santiago de Chile desde Colombia, adonde había viajado para promocionar el primer vuelo de un avión de la compañía abastecido con biocombustible en el extranjero. Un comunicado de la aerolínea sostiene que la "nueva medida del ORSNA culmina una serie de iniciativas sufridas por LAN en los últimos años y se enmarca dentro del objetivo expresado por el viceministro (de economía Axel) Kiciloff a autoridades del gobierno de Chile en noviembre del 2012" en el sentido que no querían competencia y "el objetivo final (de esas medidas) es que el Aeroparque sea utilizado exclusivamente por Aerolíneas Argentinas". clarin.com

En caso de que el equipo haya sido robado, Android Device Manager da a los usuarios la posibilidad de borrar el contenido del aparato de forma remota, para evitar que sea visto por otros. En este sentido, la funcionalidad también permite ubicar el dispositivo en un mapa en tiempo real. En la actualidad, existen aplicaciones similares, de otros desarrolladores, disponibles en Google Play para usuarios de Android. Where is my Droid? está disponible en Google Play. El programa permite proteger mediante una clave a las aplicaciones del smartphone. La aplicación gratuita Find My iPhone permite encontrar y proteger los datos de tu móvil con otro dispositivo iOS. Si el iPhone, iPad o iPod touch que desea localizar es con iOS 6, la app también incluye la opción "Modo Perdido" que bloquea el dispositivo que falta con un código de acceso de 4 dígitos y puede mostrar un teléfono de contacto en la pantalla de bloqueo. Para que funcione debe estar activada la configuración de iCloud. Con Prey se puede rastrear y ubicar el teléfono, a través de una tableta o el ordenador en caso de pérdida o robo. Permite bloquear el móvil de forma remota. Su uso en sencillo: se instala y se crea una cuenta de usuario. Está disponible gratis para Android y Phone. Lookout Mobile Security funciona para dispositivos iOS y Android. Protege el dipositivo de cualquier peligro que se presente, tanto si se trata de un virus como de un robo. Guarda automáticamente la locación del aparato antes de que el móvil se quede sin batería. El usuario recibe un mensaje a su correo con la posición y una fotografía. [infobae]

El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, señaló que por el auge de la criminalidad habrá por lo menos 25.000 homicidios en Venezuela este año, a pesar de la puesta en marcha del Plan Patria Segura por parte del gobierno chavista, de acuerdo con un artículo del diario El Nacional. Briceño precisó que, en promedio, se registran en el país 71 asesinatos por día. Sus declaraciones contrastan con la reciente información brindada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien señaló que los homicidios se habían reducido en un 31% desde la puesta en marcha del plan, hace dos meses y medio. De ser ciertas las estimaciones de Briceño, Venezuela reportará a fin de año un número mucho más elevado que el de 2012, cuando la gestión chavista admitió que hubo más de 16 mil homicidios. Con esos números, el país se había ubicado como el más violento de toda la región. Los datos parciales recabados por Briceño indican que los homicidios aumentaron 14% en Lara durante los primeros seis meses de este año en relación con el primer semestre de 2012, 13% en Bolívar y 11% en Aragua. En los últimos días, hubo distintos casos de asesinatos que cobraron notoriedad. El pasado 22 de julio, criminales dispararon a quemarropa a 8 estudiantes en el día de su graduación escolar. El problema de la seguridad es uno de los más reclamados por la oposición política. [infobae]

El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, informó a la agencia oficial Andina que se le hizo el pedido al ex presidente Alberto Fujimori para que pague 71,4 millones de dólares ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora, por el caso conocido en Perú como "diarios chicha". Según Arbizu, en el proceso se determinará que fue Fujimori quien dio la orden de desviar 43,5 millones dólares de los recursos públicos de las Fuerzas Armadas para sobornar y comprar a directivos de los "diarios chicha", medios populares que lanzaron campañas de desprestigio contra los opositores a su gobierno (1990-2000). "Hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en el delito de peculado, así lo han corroborado múltiples declaraciones de investigados, condenados y testigos del proceso que se siguió por este hecho en 2006. Los sentenciados coinciden en afirmar que fue Fujimori quien dio la orden", indicó Arbizu. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su gobierno, y además tiene otras penas menores por delitos de corrupción. En junio pasado, el mandatario peruano, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, de 75 años, al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que el ex mandatario no presentaba una enfermedad terminal ni trastornos mentales graves. La Fiscalía solicitó en marzo pasado una pena de ocho años de prisión y un pago de tres millones de soles (más de un millón de dólares) de reparación civil contra Fujimori por el caso de los "diarios chicha”. [EFE]

La ley sirve para gobernar y disciplinar a los otros, pero la Presidenta está por encima de ella, no la incluye ni la compromete. Ésta es la concepción del poder de Cristina Kirchner, según el reguero de pruebas que dejó en los últimos días. También demostró que no le importa la opinión del Papa, que debió sentir fastidio cuando vio que el oportunismo electoral de la Presidenta fue la respuesta a su cortesía. ¿Desesperación? ¿Arrogancia? Tal vez, una mezcla de las dos cosas. Los Kirchner han demostrado que son indiferentes a las consecuencias de sus actos. ¿Por qué habría desesperación? En la Capital, que es la vidriera política más importante del país, la Presidenta se acerca a una fuerte derrota, según la encuesta de Poliarquía para la nacion. En el mejor de los casos, sólo renovaría uno de los senadores, el que le corresponde a la minoría, de los dos que renuevan, kirchnerista uno y filokirchnerista el otro. Gabriela Michetti se ha consolidado en la cabeza de la preferencia popular; es también la ratificación del liderazgo del macrismo en la Capital. El segundo lugar, ahora en poder de la fórmula cristinista Daniel Filmus-Juan Cabandié, es todavía confuso. Los números de ellos están muy cerca de los de la candidatura a diputado de Elisa Carrió, pero ésta forma parte de una interna, la de UNEN, de la que participan tres fórmulas. En octubre habrá una sola lista por ese espacio. Pero será imposible hacer una suma del total de votos que UNEN consiga el próximo domingo y trasladarla a octubre. No sucederá eso. Pero, ¿qué y cómo ocurrirá? Esa es una pregunta sin respuesta, como tampoco tiene respuesta el interrogante sobre cuánto corte de boleta habrá. ¿Carrió lo acercará a Pino Solanas a su porcentaje de votos, ahora mucho mayor que el del cineasta? ¿Michetti lo llevará a su podio a Sergio Bergman, también lejos ahora de su principal candidata? Algunos de esos enigmas se irán descifrando entre agosto y octubre, no antes. En la provincia de Buenos Aires, que es donde se libran todas las grandes batallas electorales, Sergio Massa lidera claramente la intención de voto, según los principales encuestadores nacionales. Cristina ha convertido la campaña bonaerense en una definitiva opción: Massa o yo, parece decir. Es un error, porque una probable derrota de su candidato, Martín Insaurralde, sería, sobre todo, una derrota presidencial. Un eventual fracaso en un tiempo inoportuno: a Cristina le quedan dos años de gobierno sin posibilidad de reelección. Pero la Presidenta es así: su largo plazo se agota en el próximo fin de semana. El respetado encuestador Hugo Haime, que trabajó constantemente en la provincia de Buenos Aires, entregó el viernes su última medición. La ventaja de Massa está cerca de los ocho puntos. Massa tiene un 35,7% de intención de voto contra un 28 de Insaurralde. Massa habría sumado dos puntos más en los últimos días. El resultado se conoció al final de una semana en la que se instaló la versión de que los dos candidatos estaban virtualmente empatados. En la encuesta de Haime sobresale una conclusión reveladora: Insaurralde (es decir, Cristina) le gana a Massa sólo en los lugares más pobres de la amplia geografía bonaerense y entre los sectores sociales también más pobres. Ni la Presidenta ni su candidato lograron cautivar allí a la clase media. El mapa de la medición describe, con números fríos y elocuentes, una clara división social entre dos candidatos que adscriben a un mismo partido, el peronismo. La desgracia electoral del cristinismo se abatiría también en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz, el corazón del feudo kirchnerista, donde podría resultar tercero. La Presidenta no sólo se peleó con el gobernador de Santa Cruz; también le entregó a su hijo Máximo la lapicera para escribir la lista de los candidatos. El heredero eligió sólo a sus amigos más fieles de La Cámpora santacruceña. Así les va. Contra la lección de la historia, Cristina cree que se puede gobernar impunemente, según el gusto del que manda. Si hay algo que el Papa no quería, era que lo metieran en el proceso electoral de su país. Pero la Presidenta lo metió. Esa foto robada defraudó a dos jefes de Estado. Al Pontífice, en primer lugar, pero también a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que invitó con generosidad política a sus colegas latinoamericanos a compartir la visita papal a Río de Janeiro. En el momento de la foto con Insaurralde, el Papa venía de oficiar una misa ante tres millones de personas y de exponer una de sus más importantes homilías. No estaba en condiciones de preguntar a quién saludaba fugazmente en una sala donde se suponía que sólo debían estar los jefes de Estado. Contiene cierta hipocresía la versión posterior de que el uso de esa foto en carteles electorales no fue una decisión de Cristina. Surgió cuando advirtieron que era más la pérdida que el rédito. ¿Para qué lo llevó a Insaurralde a Brasil si no era, precisamente, para sacar provecho electoral de la figura unánimemente querida del Papa? El Papa es también un hombre con instinto político, que sabe distinguir entre la lealtad y el engaño. Ellos dos, Bergoglio y la Presidenta, pueden medir mejor que nadie la distancia que hubo entre ambos durante casi una década. Cristina conoce cómo le costó a ella, además, torcer el giro crítico y ofensivo de su gobierno contra Bergoglio cuando éste fue elegido papa. Hasta el teatro necesita ser verosímil para ser bueno. El problema del cristinismo es que las verdades de su inconsciente suelen salir a flote. En el afiche de aquella foto hurtada hay una frase sugestiva: "No dejen que la esperanza se apague". ¿Cómo? ¿Es que la esperanza en un triunfo de Insaurralde se estaba apagando? ¿No fue ésa la mejor descripción del presentimiento oficial? ¿No es ésa la percepción de una esperanza rota, la razón de la desesperación? En los últimos días, entre las muchas violaciones que Cristina hizo a la veda electoral, dijo que "venía a acompañar" una inauguración. Aclaró que no podía inaugurar nada porque la ley se lo prohíbe. El inconsciente la traicionó otra vez, porque terminó haciendo lo que sabía que no debía hacer. El uso del Estado en la competencia electoral es, quizás, el conflicto que más une al cristinismo argentino con el chavismo venezolano. Las cosas llegaron a tal extremo que la Cámara Nacional Electoral, que es independiente, firmará el martes una sentencia sobre los abusos de la publicidad oficial. Los recursos de los que gobiernan son infinitos, y sus opositores parecen de una conmovedora pobreza. La Presidenta es la única que viola su venerada ley de medios audiovisuales, que establece condiciones muy estrictas para el uso de la cadena nacional de radio y televisión. La última vez que la ordenó fue para defender la designación del cuestionado y polémico general César Milani como jefe del Ejército. ¿Dónde estaba la urgencia o la gravedad del asunto? En ningún lado. El caso Milani era, y sigue siendo, un berenjenal en el que se metió sin que nadie la llamara. Sólo en el rústico país cristinista el director nacional electoral, Alejandro Tullio, puede ser un donante confeso de las anteriores campañas electorales de la Presidenta, según una denuncia pública de Poder Ciudadano. Tullio, que viene del radicalismo, es el árbitro de un partido en una cancha que él mismo inclinó. Sólo en una República ausente un grupo de jueces, los de la sala 1 de la Cámara Federal, puede aprovechar las vísperas electorales para aliviar el proceso judicial de las personas del oficialismo más sospechadas de corrupción, como Ricardo Jaime y los hermanos Schoklender. Si fueran ciertos los argumentos de esa Cámara para apartar a Oyarbide de la investigación del desvío de millonarios recursos del Estado por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el juez merece un juicio rápido y la destitución por parte del Consejo de la Magistratura. ¿Llegarán a eso? ¿O, acaso, el Gobierno le pidió desprolijidad al juez y luego le pidió a la Cámara, que responde al Gobierno, que sancionara al juez por desprolijo? La Presidenta firma una ley para cambiar la Constitución, cuando ésta le prohíbe hacer algo. Es lo que sucedió con la de mercados de capitales y su reglamentación. Esa nueva disposición le permite designar interventores de hecho (veedores les llama, solapadamente) en empresas donde el Estado tiene un 2% o más de sus acciones. Pero, ¿no es una intervención, acaso, si el veedor tiene el poder de relevar al directorio de una empresa, como lo tiene ahora? Sólo un juez puede intervenir una empresa y la Constitución ordena al Poder Ejecutivo que no se atribuya facultades del Poder Judicial. Cristina se las atribuye. Hay una contradicción evidente en el último recorrido de la Presidenta. Muestra sin disimulos signos de debilidad política, pero al mismo tiempo corrobora que no está dispuesta a respetar ningún límite, ni humano ni divino lanacion.com.ar

Veintisiete policías de la Brigada de Investigaciones tucumana fueron detenidos, acusados de exigirle 30.000 pesos a un agricultor chaqueño para que pudiera seguir su viaje dentro de Tucumán. Habían amenazado con dejarlo detenido si no pagaba. El jefe de la Policía de Tucumán, Jorge Racedo, dijo que la causa fue caratulada como "privación ilegítima de la libertad, extorsión y otros delitos". Según el comisario, todo comenzó cuando un agricultor de la provincia de Chaco iba en su auto junto a su hija y un amigo para realizar un trámite en Famaillá, ciudad ubicada 35 kilómetros al sur de la capital tucumana. En la madrugada de ayer personal policial que estaba en un control de ruta lo hizo parar y le exigió 30.000 pesos para que pudiera seguir su viaje, según explicó Racedo. De acuerdo con la denuncia de la víctima, los efectivos le indicaron que tenía que pagar esa suma o iba a quedar detenido. Como no tenía el dinero, el agricultor llamó a un familiar que estaba en Chaco para que realizara una transferencia, que fue concretada a primera hora de la mañana. Entonces, el hombre, acompañado por un policía vestido de civil, fue a cobrar en la sede central del Correo y, mientras tramitaba la entrega del dinero, le comentó al cajero lo que le estaba pasando. El empleado del correo le habría contado la versión a uno de los guardias del lugar, quien se puso en contacto con sus superiores, que ordenaron la aprehensión del policía que estaba de civil y dieron intervención al fiscal Washington Navarro Dávila. "Al tomar conocimiento de esta situación, ordené al Jefe de la Regional que investigara y que se pusiera en contacto inmediatamente con esta persona para poder corroborar su denuncia", señaló Racedo. Luego de interrogar al personal, fueron detenidos 27 policías que cumplen funciones en la Brigada de Investigaciones Norte. "De los veintisiete, seguramente hay algunos que no tienen nada que ver, ya que en el caso está comprometida la guardia, compuesta por diez o doce efectivos. Pero eso se irá aclarando a medida que avance la investigación", expresó jefe de Policía. clarin.com

El ministro de Justicia, Julio Alak, informó que el Director del Servicio Penitenciario Federal presentó una denuncia penal ante la justicia federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, desde el Hospital Militar Central. También ofrecieron recompensas de 2 millones de pesos cada una para "quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura". "Además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, se pide que se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad", advierte la denuncia penal. Los dos represores habían pedido ser trasladados desde San Juan a Buenos Aires con la supuesta intención de recibir atención médica. Como en el hospital de San Juan no había especialistas para tratar las molestias, pidieron ser atendidos en Buenos Aires. Ambos se habrían fugado durante los controles del Hospital Militar Central, ubicado en Luis María Campos, del barrio de Palermo. Según precisaron en el Juzgado Federal N°2, los represores habían sido trasladados por el Servicio Penitenciario Móvil que depende del Ministerio de Seguridad. Olivera y De Marchi fueron condenados hace tres semanas, en el juicio histórico que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Olivera, involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, ocurrida en octubre de 1976, recibió cadena perpetua: la Justicia lo consideró coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos. De Marchi fue condenado a 25 años de prisión también por violación de domicilio, privación ilegitima de libertad, privación de libertad abusiva e imposición de tormentos, entre otros. clarin.com

El gremialista Héctor Daer arrancó su día viernes, duro contra Guillermo Moreno: "Boludo es el que dice que se puede comer con 6 pesos por día". De este modo, el dl dirigente sindical, integrante de la lista de Frente Renovador, criticó al secretario de Comercio Interior, quien reparte llaveros en su oficina con el logo de “+a=b”. Y agregó: "Para mí, no es que Massa sea boludo, sino que Moreno tiene las manos chiquititas, para agarrar las bolas del único peronista que tuvo el coraje de enfrentar al gobierno". Héctor Daer dijo que "el que reparte llaveros es tan vivo que logró que toda la Argentina lo putee en 20 idiomas, y que todo el peronismo, y el movimiento obrero organizado, siga al que él considera un boludo". Así, el secretario general del gremio de la Sanidad y precandidato a diputado nacional por el massismo, Héctor Daer, cruzó hoy con dureza al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al advertir que "boludo es un tipo que dice que se puede comer en Argentina con seis pesos por día". Daer participará hoy de un encuentro de dirigentes sindicales en La Plata, con más de 100 gremios de la provincia de Buenos Aires y distintos sectores del movimiento obrero. Por su parte, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, se sumó a la crítica: "Moreno es tan boludo que a Massa lo vota el 75 % de su comunidad y a él, sólo lo votan CFK y La Cámpora”. El intendente señaló que Massa es el "político más popular de la Argentina" y "el dirigente más respetado por la gente, que fue votado por más del 75 por ciento de sus vecinos". Tras la controversia generada por la decisión de Moreno de distribuir entre empresarios y otros invitados a sus reuniones unos llaveros en los que trata de "boludo" a Massa, De la Torre contestó que Moreno es "un funcionario gris, de cuarta, que cree que a punta de pistola o a los gritos se puede manejar la Argentina", dijo mediante un comunicado. clarin.com

De aquí a fin de año, aumenta la presión del impuesto a las Ganancias sobre los sueldos. Los cerca de 3 millones de trabajadores alcanzados por ese impuesto tendrán que pagar más que lo que pagaron en los primeros meses del año. Y eso hace que, de los aumentos salariales, cerca de cuatro puntos porcentuales no irán al bolsillo del trabajador, sino que serán retenidos por las empresas a favor de la AFIP. Por su parte, otros trabajadores que hasta ahora no pagaban Ganancias, pasarán a estar alcanzados por este impuesto. Esto es así porque, para el cálculo del impuesto, en el segundo semestre impacta el cobro del aguinaldo y los aumentos salariales acordados en las paritarias. Y como este año el Gobierno ajustó el mínimo no imponible en marzo solo un 16,7%, una parte mayor de los ingresos del trabajador queda alcanzado por Ganancias. Por ejemplo, un trabajador sin cargas de familia o soltero con un sueldo neto, luego de los descuentos de jubilación y salud, de $ 10.000, con el ajuste del mínimo no imponible en marzo le retenían por Ganancias $ 346. En mayo, si ese trabajador obtuvo un 14% de aumento, pasó a cobrar $ 11.400, pero por Ganancias le retuvieron $ 668. Si a partir de noviembre recibe una segunda cuota de aumento del 10%, pasaría a cobrar $ 12.400 y el descuento de Ganancias sería de $ 898 por mes. Luego en diciembre, tendría otro descuento mayor por la percepción del medio aguinaldo. En total, en 2013, le descontarán por Ganancias $ 10.503, equivalente al 85% del sueldo. De ese total, en el primer semestre ya le descontaron $ 4.608 y en la segunda mitad del año le descontarán $ 5.894, un 28% más. En otras palabras, mientras en marzo Ganancias representaba el 3,46% del sueldo, en noviembre sube al 7,24%, casi 4 puntos más. Y su sueldo de bolsillo que en marzo era de $ 9.654 ($ 10.000 menos $ 346) desde noviembre será de $ 11.502 ($ 12.400 menos 898), con un aumento del 19,1% y no del 24% como acordó la paritaria para todo un año. En términos reales, pierde 4,9 puntos porque el aumento salarial de bolsillo no compensa la inflación. A mayor sueldo, se agranda el descuento de Ganancias y mayor es la pérdida salarial real. A su vez, un trabajador sin cargas de familia que en marzo ganaba $ 6.900 estaba exento de Ganancias. Si ahora recibe un 14% de aumento, le empezarán a descontar Ganancias y más todavía hacia fin de año si percibe la segunda cuota de la paritaria. Por eso se espera que en la segunda mitad de 2013 más trabajadores queden atrapados por este “impuesto al salario”. Desde el año 2000, el mínimo no imponible y demás deducciones fue ajustado menos que la inflación, mientras las escalas sobre las que se calculan las alícuotas se mantuvieron sin cambios en los valores de hace 13 años atrás. Por esa razón, según la AFIP, en 2001 el 9,7% de los empleados en relación de dependencia pagaba Ganancias. En 2005 subió al 13,5%, en 2010 al 16,9% y ahora ronda el 30%. Este ultimo salto se explica porque en 2011, el ajuste fue inferior a la inflación, en 2012 no hubo ajuste por inflación (solo quedó excluido el medio aguinaldo) y este año volvió a ajustarse por debajo de la inflación clarin.com

La orden detención contra Ricardo Jaime genera inquietud en el oficialismo. No sólo por lo que el ex secretario de Transporte sabe y pudiera destapar en caso de sentirse arrinconado y sin respaldo del Gobierno. En el kirchnerismo no se descarta que la decisión del juez Bonadio represente sólo un primer paso de una ofensiva judicial más amplia, en un contexto político de por sí adverso. “¿Hace cuánto se lo investiga a Jaime? ¿Justo ahora el juez piensa que se va a fugar? No es serio. Es una medida exagerada y claramente política en medio de una campaña electoral”, se quejó una fuente oficialista ante Clarín. Si bien Bonadio basó su medida en la veintena de causas que hay abiertas contra Jaime y los estrechos vínculos que éste mantiene dentro de la Casa Rosada pese a haber dejado su cargo hace cuatro años, para el kirchnerismo el escenario político adverso al Gobierno influyó en su detención. En ese sentido, el dato de que Jaime podría convertirse en el primer funcionario de la era kirchnerista en ir preso no es menor. Aunque resulta relativo ante la posibilidad latente de que la decisión del magistrado se repita en otros casos. Conforme se aproxima el 2015, el kirchnerismo sufre cada vez más fugas. De aliados y de propios. Adentro y afuera del Gobierno. Adentro y afuera del Congreso. Y el final de ciclo, tantas veces proclamado por opositores, parece empezar a sentirse también dentro del oficialismo, que ve en la Justicia su principal escollo. Así, esa férrea defensa que el Gobierno supo hacer de sus funcionarios sospechados, hoy va dejándole lugar al cada cual atiende su juego . “Yo tengo la conciencia limpia. No robé ni robo. Que cada uno se haga cargo de lo que hizo o hace”, agregó la misma fuente. El interrogante, en el caso específico de qué sucederá con Jaime, gira en torno a la cercana relación que tuvo con el matrimonio Kirchner. clarin.com

Con aumentos paulatinos y heterogéneos, la petrolera YPF ya incrementó el precio de sus combustibles en un 15% desde que hace tres meses el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunció el "congelamiento de precios máximos" para las estaciones de servicio. Según publicó hoy el diario La Nación, en la estación YPF de la avenida Balbín, frente al parque Sarmiento, el litro de nafta súper ya cuesta $ 7,329 el litro, frente a los $ 7,129 de fines de la semana pasada y los $ 6,349 de abril, cuando comenzó el "congelamiento". Según el diario, el precio promedio de las naftas súper y premium en las estaciones porteñas de la petrolera estatal aumentaron un 1,4% en las últimas dos semanas, y el del gasoil, un 3,4%. Las otras petroleras vienen siguiendo en general los pasos de YPF, con incrementos ligeros, selectivos por zona y paulatinos. Los surtidores de la compañía estatal siguen teniendo los precios más bajos del mercado: según un relevamiento privado citado por La Nación, la nafta súper de las estaciones Shell en Capital promedia los $ 7,4, y la de Esso, los $ 7,30. El 9 de abril, Moreno dictó una resolución que fijó una política de precios máximos para la nafta vigente hasta octubre, pero no un congelamiento: el país fue dividido en zonas y en realidad todas las petroleras fueron autorizadas a subir el precio de los combustibles en las estaciones de servicio hasta el precio más alto vigente en esa fecha en cada zona. Los precios máximos hasta los que puede seguir subiendo la nafta no se hicieron públicos. Pese a los aumentos, la venta de combustibles alcanzó en mayo un récord histórico de 1.387 millones de litros, entre nafta y gasoil. clarin.com

Todos quieren llevarse una parte de la torta de los videojuegos no me extraña que google tambien

Si juegan otro anio tal mal como este 2013 que perdieron T O D O, van a terminar en la B tambien, ahi si por hdp les haria usar esta camiseta todo hasta que asciendan

Que accidente de mierd... que mala leche

La operadora del ferrocarril Sarmiento denunció esta tarde que el gremio de los maquinistas mantiene retenida en los talleres una formación, en rechazo a la instalación de cámaras de video en las cabinas de comando, adoptada tras el choque de formaciones ocurrido semanas atrás en Castelar. Según informó la Unidad Operadora de las líneas Mitre y Sarmiento (UGOMS), la formación denominada "chapa 11" se encuentra estacionada en el "depósito Castelar y disponible para el servicio, aunque no puede ser puesta a disposición de los pasajeros" por el reclamo gremial. La operadora de la línea Sarmiento, en medio de la investigación por la tragedia, aseguró que la instalación de estas nuevas cámaras "responde a una iniciativa del Ministerio del Interior y Transporte tendiente a ampliar y mejorar la seguridad en el tráfico ferroviario". Según explicó, de esta manera se refleja "el accionar del conductor del tren en todo momento" y se cuenta "con mayores elementos de análisis ante cualquier anormalidad en la marcha". Precisó que esta medida "igual que la realización de los controles de alcoholemia, tiene por objeto darle un marco de protección a los trabajadores y pasajeros, para que no haya ningún tipo de dudas respecto del proceder del conductor al momento de desempeñar sus tareas". La decisión de colocar cámaras en el interior de las cabinas se conoce apenas un día después de la difusión de un video que muestra los momentos previos al choque de trenes de Castelar. En esas imágenes, tomadas desde un dispositivo instalado en la parte frontal de una de las formaciones, se intenta responsabilizar al maquinista por el hecho. Los gremios, sin embargo, denunciaron que fueron manipuladas y dijeron que forman parte de una estrategia para acusar del choque a los trabajadores. clarin.com

El Gobierno se mantiene la decisión de no sacar a la calle billetes de una denominación mayor a los 100 pesos, el Banco Central acaba de comunicarles a los bancos que emitirá billetes en los que la serie contendrá dos letras. "Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto la emisión de billetes de $ 100, con la imagen del Gral. Julio A. Roca, los que llevarán, a continuación de su numeración, 2 (dos) letras", informó el Central a través de la Comunicación A 5452, firmada por María Inés Murray y Cecilia Mabel Scalise, subgerente de Emisiones Numismáticas y gerente principal de Tesoro, respectivamente. La entidad monetaria explicó que la primera letra "seguirá el orden alfabético, mientras que la segunda se mantendrá fija en la letra A". "De esta manera, dichos billetes presentarán una particularidad respecto a los que se encuentran actualmente en circulación, ya que llevarán doble letra como serie, serán impresos de acuerdo al siguiente orden: AA, BA, CA, etc". Según informó hoy el diario La Nación, el BCRA ya había lanzado a principios de año los billetes de 100 pesos de las series Y y Z a través de la ex Ciccone, estatizada de apuro en agosto de 2012. La comunicación de ayer, entre otras cosas, confirma que los nuevos billetes de 100 seguirán teniendo el retrato del ex presidente Roca y no el de Evita. Hoy un billete de 100 pesos argentinos no alcanza para comprar ni siquiera 20 dólares al valor oficial (mucho menos al del mercado "blue" o ilegal), con lo que es uno de los billetes de máxima denominación de menor paridad en toda América Latina. clarin.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, que estableció una nueva regulación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y del decreto 577/13, que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (voto mayoritario), Enrique Petracchi y Carmen Argibay (voto concurrente) y Raúl Zaffaroni (en disidencia), en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel”, que llegara a instancia del Máximo Tribunal vía per saltum. LA DECISIÓN: • Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13. • Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quórum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley. • Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080. • Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18 y 30 de la ley 26.855 y en los artículos 1º, 2º, 3º y concordantes del decreto 577/13. • Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13. Efectos: Con relación al proceso electoral: los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda señalan que esta ya suspendido por decisiones anteriores dictadas por jueces de distintas jurisdicciones. El Juez Zaffaroni agrega (considerando 17) que, como consecuencia de ello, se ha producido "una extraña circunstancia que lleva a resolver una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta". Los jueces Petrachi y Argibay no hacen referencia a otras decisiones jurisdiccionales, sino a la suspensión ordenada por la Corte. La elección de diputados y senadores nacionales no es afectada. Con relación al Consejo de la Magistratura: al declararse la inconstitucionalidad, la mayoría (seis jueces) señalan que debe funcionar el consejo con la anterior ley, para evitar una parálisis de su funcionamiento, conforme se decidiera en casos anteriores. El caso: El caso se refiere a la sentencia dictada por Servini de Cubría (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal) que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855 y del decreto del Poder Ejecutivo nº 577/2013 y dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura Legitimación: El actor es "gente de derecho", representada por el Dr Rizzo como apoderado. Todos los jueces, por unanimidad, consideran que tiene legitimación. Voto de la mayoria y concurrente Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Petrachi y Argibay El control de constitucionalidad es legítimo: Es lo que permitió que se declarara la inconstitucionalidad de: las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (“Simón”, Fallos: 328:2056); la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas volver a casarse, limitaba la autonomía individual (“Sejean”, Fallos: 308:2268); las normas del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto desconocían las facultades acusatorias y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal (“Quiroga”, Fallos: 327:5863); la ley penal que, al castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal (“Bazterrica” y “Arriola”, Fallos: 308:1392 y 332:1963); la ley que, al permitir sin fundamento suficiente la interceptación de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, avasallaba el derecho a la intimidad (“Halabi”, Fallos: 332:111); la ley de Contrato de Trabajo que desconocía el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un tope a la indemnización por despido (“Vizzoti”, Fallos: 327:3677) y negaba naturaleza salarial a los vales alimentarios (“Pérez”, Fallos: 332:2043); la ley de Riesgos del Trabajo que impedía al trabajador que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación (“Aquino”, Fallos: 327: 3753) en forma inmediata y no sujeta a un sistema de renta periódica (“Milone”, Fallos: 327: 4607); la ley de Asociaciones Sindicales en cuanto confería tutela gremial sólo a representantes o autoridades de sindicatos que contaran con personería gremial (“Rossi”, Fallos: 332: 2715) y dispensaba privilegios a ciertos sindicatos en detrimento de los simplemente inscriptos (“Asociación de Trabajadores del Estado”, Fallos 331: 2499). También invalidó la ley previsional que frustraba el acceso a la justicia de los jubilados al prolongar innecesariamente el reconocimiento judicial de sus derechos de naturaleza alimentaria (“Itzcovich”, Fallos 328:566) y desvirtuaba el mandato de movilidad jubilatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (“Badaro”, Fallos: 330:4866). La soberanía popular: • El reconocimiento de derechos ha sido posible porque nuestra Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo. • Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras • No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. • Los poderes son limitados; si se quiere cambiar eso, hay que modificar la Constitución (art 30 CN). • Dentro de la Constitución, ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquéllas • Las decisiones de los poderes públicos, incluidas las del Poder Judicial, se encuentran sometidas y abiertas al debate público y democrático. Es necesario y saludable que exista ese debate. • Los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la Nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos. La regulación del Consejo de la Magistratura • Cuando la constitución no dice algo expreso, no quiere decir que lo delega en el legislador. La regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe, ha sido consagrada en beneficio de los particulares (art. 19 de la Constitución Nacional), no de los poderes públicos. Éstos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación; ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente. • Las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto popular ya que, si así ocurriera, dejarían de ser representantes del sector para convertirse en representantes del cuerpo electoral. • El equilibrio significa “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas” • La inserción del Consejo de la Magistratura como autoridad de la Nación ha tenido por finalidad principal despolitizar parcialmente el procedimiento vigente desde 1853 (Fallos 329:1723, voto disidente del juez Fayt, considerando 12). Se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente –por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas– el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos.” • Cuando se trata de representaciones que surgen del sufragio universal, el texto constitucional determina en qué casos es admitido. Esta conclusión encuentra fundamento en que, de no establecerse con la máxima raigambre los supuestos en los que se adoptará la forma de elección directa, la expresión de la voluntad democrática del pueblo quedaría sujeta a la decisión del Congreso de mantener o cancelar los cargos electivos según si el comportamiento de la mayoría del pueblo coincide o no con la mayoría en el Congreso. Por último no puede dejar de señalarse que a lo largo de la historia política de nuestro país, no se registran antecedentes en los que el Poder Legislativo haya creado un cargo de autoridades de la Nación adicional a los que se establecen en el texto constitucional, sometiéndolo al sufragio universal. • El Poder Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa. • La ley resulta inconstitucional en cuanto: a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral. • Directa o indirectamente, la totalidad de los integrantes del Consejo tendría un origen político-partidario. • En efecto, en el texto constitucional no se dispone que el Consejo se integre con jueces y abogados sino con los representantes del estamento de los jueces de todas las instancias y del estamento de los abogados de la matrícula federal. Es decir que el constituyente decidió que quienes ocupen un lugar en este órgano lo hagan en representación de los integrantes de esos estamentos técnicos. En consecuencia, no es la sola condición de juez o abogado lo que los hace representantes, sino su elección por los miembros de esos estamentos, pues para ejercer una representación sectorial se requiere necesariamente un mandato, que sólo puede ser otorgado por los integrantes del sector. • La ley hace que el magistrado que aspira a ser miembro del Consejo en representación de los jueces debe desarrollar actividades político-partidarias, llevar a cabo una campaña electoral nacional con el financiamiento que ello implica, proponer a la ciudadanía una determinada plataforma política y procurar una cantidad de votos que le asegure ingresar al Consejo de la Magistratura. Esta previsión desconoce las garantías que aseguran la independencia del Poder Judicial frente a los intereses del Poder Ejecutivo, del Congreso o de otros factores de poder, en la medida en que obliga al juez que aspira a ser consejero a optar por un partido político. • En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos. • Que el modelo adoptado no registra antecedentes que lo avalen en el derecho público provincial, ya que, en todos los casos de representaciones de estamentos de jueces y abogados, la elección es horizontal. Sólo en dos provincias, Chubut y Santa Cruz, hay miembros que resultan directamente elegidos por el pueblo, pero en ambas esa disposición tiene jerarquía constitucional. En esos supuestos se mantiene la representación por estamentos. La regla única, sin fisuras, es la horizontalidad en la designación de los representantes de los estamentos de jueces y abogados, sea por elección o por sorteo. • El fundamento de esta regla es que una elección vinculada a las elecciones generales produciría grandes oscilaciones políticas en las composiciones. Es previsible que, luego de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que los van a elegir, y luego promover o no en sus carreras, afectándose así su imparcialidad. De tal modo, quienes sostienen una solución de este tipo cuando están en situación de poderío, la criticarán cuando estén en posiciones de debilidad. Las reglas constitucionales deben ser lo suficientemente equilibradas para que sean aceptadas por todos, poderosos o débiles. • Tampoco hay antecedentes en el derecho comparado latinoamericano. En Bolivia, único país en que fue tomada la elección popular, esa decisión se tomó por vía de una reforma constitucional, modificando el régimen que había sido instituido apenas dos años antes en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Voto del Juez Zaffaroni La reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En todos los casos —y en el del Consejo de la Magistratura en particular— se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada ocasión. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla. De ese modo, el texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que solo impone que se procure el equilibrio. Los defectos de estructuración se advirtieron en el propio seno de la asamblea reformadora, tanto en la discusión en comisión como en el pleno y, por desgracia, sus consecuencias se verificaron ampliamente con el correr de los años. En efecto: una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con las consecuentes dificultades de orden institucional, en particular la imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo y que hacen que una buena parte de la magistratura federal se halle a cargo de jueces subrogantes. El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia. La enmienda Bandrés –de la que el propio diputado Bandrés parece haberse arrepentido varios años después- tuvo el efecto de convertir parcialmente al Consejo español en una casi comisión del Congreso, en algunos casos incluso con dificultades para obtener los acuerdos que hicieran mayoría, obstaculizando su integración. La solución legislativa de la tercera reforma que sufre la integración del Consejo argentino, al menos, otorga esa atribución directamente a la ciudadanía. Es claro que la ley sancionada por el Congreso Nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional. Por consiguiente, el caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la Magistratura, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para pasar a decidir en el campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, solo por ser ésta contraria a las propias convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo. Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte. Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista. Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales —que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época—, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta. En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura. 17) Por último —y al margen del tema central tra-tado—, se hace necesario poner de manifiesto que con independencia de lo decidido por esta Corte en esta causa respecto de los presentes planteos de inconstitucionalidad, el proceso electoral en cuanto a la categoría de candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura, se encuentra suspendido por efecto de otras decisiones judiciales federales de distinta competencia, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. Por consiguiente, el tribunal decide en esta causa por imperio de ley, pero cabe advertir que en virtud de disposiciones procesales y de la elección de las vías de impugnación y que a la fecha no han llegado a conocimiento de esta Corte, se produce una extraña circunstancia que lleva a resolver una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el Estado Nacional y se resuelve revocar la sentencia apelada.

La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. En un fuerte revés para la presidenta Cristina Kirchner, el Máximo Tribunal se manifestó en contra de la ley impulsada por el oficialismo, que estipula la nueva composición del organismo y la elección por voto popular de sus miembros. Como consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para los próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados. En un fallo de 67 páginas, la Corte convalidó lo sentenciado por la jueza María Servini de Cubría y declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855. "Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares", determinó el Máximo Tribunal en su sentencia. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que estipula la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner. El fallo fue avalado por seis de los siete miembros de la Corte Suprema, mientras que el juez Raúl Zaffaroni firmó en disidencia. lanacion.com